Durante años la lucha contra el sexismo y la discriminación a la mujer ha logrado avances asombrosos, al punto de que son pocas las situaciones en las que este tipo de maltrato y discriminación pueda salir impune.
Debido a las sanciones contra Cuba durante los pasados meses y arrecio de otras anteriores, son muchos los países que se han manifestado en contra de esta medida de los Estados Unidos, y España no es la excepción.
Al respecto, Josep Borrel, Ministro de Asuntos Exteriores de España, adelantó que numerosos litigios legales iniciarán por parte de la Comunidad Europea a raíz de esta situación contra la isla caribeña. Múltiples conferencias sobre relaciones internacionales, o más específicamente entre Washington y la Unión Europea, han sido planteadas y se espera llegar a un acuerdo sobre el bloqueo contra La Habana.
El 12 de marzo de 1996 surgió la controversial Ley Helms-Burton, también llamada Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática, la cual ha tenido varias etapas, y que por decisión del actual presidente norteamericano Donald Trump podría verse reactivada y reforzada, eliminando así múltiples posibilidades para el comercio en Cuba.
Sin embargo la presión internacional ha logrado detener la implementación de esta ley, siendo postergada al menos 3 veces este año y se espera que así continúe, pues de lo contrario las apelaciones y uso de recursos de la Unión Europea serán inmediatas, llegando incluso a presentar recursos frente a la OMC (Organización Mundial del Comercio).
La actual situación ha creado una fase en el área legal que no tiene precedentes, pues literalmente los legalistas implicados se están preparando con todas las alternativas disponibles con el fin de enfrentar la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos.
Pero ¿Por qué implicarse con una situación en otro continente? Porque se trata de una acción legal extraterritorial, situación que no debería presentarse bajo ninguna circunstancia. De ello puede establecerse una base para solucionar problemas internacionales utilizando la ley como ente mediador.
Cuando se presentan conflictos en los cuales la situación puede ser desventajosa para ambos lados, la recomendación es seguir un proceso que permita solventar el litigio fuera de un tribunal, y la mediación es en este caso el canal que permite alcanzar dicho objetivo.
Los desahucios han formado parte de múltiples escenarios en tribunales desde hace años, y por desgracia este problema continúa. Si bien muchos de éstos logran solventarse sin llegar a una instancia judicial, esta medida sigue afectando a muchas familias en España.
En el pasado superar la cifra de un millón de euros para cualquier empresa durante su primer año parecía algo imposible, pero hoy es muy común que durante este periodo inicial muchas empresas recientes lo logren.
Los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores de nuestra economía. Por ello, es frecuente que se publiquen disposiciones que regulen su situación. La Ley 20/2007, de 11 de julio, reguló el llamado Estatuto del Trabajo Autónomo y creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente en sus artículos 11 y siguientes. Así, obtenían esta consideración si su facturación dependía fundamentalmente de una empresa determinada.
En las relaciones humanas y especialmente en la familia, surgen discrepancias y problemas que debemos resolver. A ello contribuyen factores destacados. La comunicación se ha reducido sustancialmente y la asertividad no existe entre padres, madres e hijos. La falta de empatía y las prisas del día a día completan un escenario que provoca a veces dolorosas rupturas. Para esos casos, una voz experta que sea capaz de analizar con sensatez el conflicto puede ser la mejor solución.
La Audiencia Nacional ha ratificado en dos sentencias las multas de 30.000 euros cada una impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a 2 empresas de telemarketing subcontratadas por Orange por el hecho de hacer llamadas de televenta ofertando servicios de Jazztel a sus clientes. La razón es que los clientes habían reclamado que se les excluyese de estas llamadas.
Así, las sentencias de la sala primera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, rechazan los recursos de Global Telemarketing Solutions y Crosseling Operadores 3.9. SLU contra las sanciones impuestas por la AEPD y aseveran sendas multas de 30.000 euros a cada una.
El primer fallo del pasado 17 de julio tiene su origen en una denuncia de un cliente de Jazztel ante la AEPD en octubre del año 2015. En ella, aseguraba que recibía reiteradas llamadas telefónicas por parte de la compañía en su línea fija pese a que pertenecía a la lista Robinson (un fichero común de exclusión de acciones publicitarias). Asimismo, también había enviado un correo electrónico al defensor del usuario de Jazztel el día 6 de junio de ese año para que excluyesen sus datos.
Jazztel respondió al ejercicio de derecho de oposición del denunciante, confirmándolo que habían excluido su número de teléfono de acciones publicitarias. Sin embargo, el cliente continuaba recibiendo llamadas comerciales de productos de Orange, realizadas por Global Telemarketing. Esta empresa, había firmado un acuerdo con Crosseling para la subcontratación de los servicios de marketing telefónico de Orange. La AEPD multó a Crosseling aunque la sentencia de la Audiencia se refiere a la multa a Global.
La AEPD, consideró que Global Telemarketing vulneró el derecho de oposición a ser receptor de llamadas comerciales (artículo 28.1.b de la Ley General de Telecomunicaciones) ejercido por el denunciante mediante la inscripción de su número en la lista Robinson de Adigital. No se acreditó la consulta previa a dicho fichero de exclusión de la llamada comercial realizada al usuario, obligación recogida por el artículo 49.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos (RLOPD).
Global Telemarketing no cuestión la realización de llamadas, pero sí que alegó en su descargo que se hicieron debido a que el denunciante pidió información a través de Internet y al ser pedida por él, no es excluida por el sistema de filtro de números Robinson. A pesar de ello, la sentencia apunta que como pone de relieve la resolución recurrida, la documentación aportada no acreditó ese origen, por cuanto Global se limita a aportar una captura de pantalla de un sistema informática sin que exista prueba d origen de los datos del denunciante en los sistemas de Global. Por ello, la información aportada no tiene valor probatorio al no apoyarse o sustentarse en otros elementos de juicio, que son sean declaraciones de la parte recurrente.
Además, la sentencia rechaza el argumento ofrecido por la empresa que esgrimía que pese a realizar dichas llamadas comerciales, no existía “intencionalidad, ni existe gravedad, ni repercusión social de la infracción, ni beneficio para la empresa ni daño para el usuario”. El fallo de la Audiencia da la razón a la AEPD que justicia en la concurrencia de una grave falta de diligencia, por cuanto no consta que Global hiciese nada para verificar extremo alguno acerca del consentimiento para realizar las llamadas y concretamente, respecto del derecho de oposición del denunciante sin que conste que haya consultado el fichero de exclusión Lista Robinson. Son obligaciones de las que debe responder por su incumplimiento y que de haber visto no se hubiesen producido tales hechos.
En cuanto a la intencionalidad, apunta la resolución impugnada que dicho parámetro debe conectarse con la profesionalidad de los sujetos y la diligencia exigible. Dicha entidad tiene como parte del objeto de su negocio el marketing telefónico por lo que es tributaria de un conocimiento y cumplimiento de las normas que regulen dicha actividad. Entre ellas, se halla la vigente Ley General Tributaria y Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Además de ello, el fallo incluye que cabe reseñar que fueron diversas llamadas publicitarias las que se realizaron y respecto de la invocada ausencia de daños causados al denunciante, es importante decir que el denunciante aseveró que es una persona que trabaja por turnos y recibe llamadas comerciales en horarios diferentes que le desvelan y le imposibilitan conciliar el sueño.
Por otro lado, la segunda sentencia con fecha 10 de julio contra Crosseling Operadores 3.9. SLU, que subcontrataba sus servicios con Global, es muy parecida a la primera, con la excepción de que la empresa no solo demandaba a la AEPD, sino a Orange España. El fallo de la Audiencia confirma la multa de la Agencia y exonera a Orange de cualquier responsabilidad al no autoriza la subcontratación de los servicios de telemarketing que firmó Crosseling con Global.
El pasado 25 de mayo, entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Como sabrás, se trata de una normativa europea que se debía cumplir obligatoriamente en los 28 países de la Unión Europea. El reglamento, tiene el objetivo de dar una respuesta legal al tratamiento que las corporaciones realizan de los datos personales. La razón, reside en que los datos son muy valiosos en los negocios y a título personal.
Esta ley, contempla diversas obligaciones y sanciones por el incumplimiento que podrían alcanzar la cifra de 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación anual de grandes empresas en caso de que incumplan la norma.
Entre los requisitos que anteriormente nombrábamos, destaca uno por encima del resto: la presencia de la figura del Delegado de Protección de Datos. Se trata de un nuevo puesto de trabajo que se ha convertido en uno de los más solicitados. Para este año, se estima que se requerirán 75.000 figuras de este tipo en Europa. Así, la función que tendrá, será la de corroborar que se está cumpliendo la nueva normativa europea de protección de datos.
Deberá tener conocimientos tanto en Derecho como en protección de datos. Sus tareas, serán diversas. Una de ellas es la de informar a los responsables sobre el tratamiento de datos de la empresa y a los empleados acerca de las obligaciones. Asimismo, supervisará que las normas españolas y europeas acerca de la protección de datos se cumplan. Además, asesorará acerca de los riesgos de un servicio determinado, más conocido como Protección de Datos Personales.
Otra de sus tareas, es la de cooperar con autoridades y actuar como punto de contacto con ellas en caso de que se detecten irregularidades en el tratamiento de datos.
La ley establece que es obligatorio que se cuente con esta figura en Administraciones Públicas excepto tribunales y en empresas y entidades privadas donde se trate con datos personales. Asimismo, también es conveniente que tengan un DPD sectorial aquellas empresas (pymes) cuya actividad trate sobre el tratamiento masivo de datos personales.
El mundo de los taxistas, ha vivido en los últimos días unas controversias realmente destacables. La polémica ha estado servida, tanto en los medios de comunicación como en la calle, puesto que la gente ha tenido opiniones para todos los gustos. Huelgas, invasión de calles principales y sobre todo, un gran desagrado por parte del gremio de los taxistas que no ha dejado indiferente a nadie. Al margen de toda esta polémica, ha surgido la pregunta relativa a los derechos que tienen los taxistas y a su desconocimiento. En este artículo, destacaremos cuáles son para que seas conocedor o conocedora de ello.
